Un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal que suspenda el decomiso de autos “chuecos” en Ciudad Juárez fue enviado a la al Congreso federal por la diputada Esther Mejía, al considerar que muchas familias se verán perjudicadas por este operativo en el que participan autoridades municipales, estatales y federales, además de denunciar abusos y extorsiones por parte de la policía estatal.
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La legisladora dijo que no está en contra de que se aplique la Ley, pero sí de que se deje sin parte del patrimonio a las familias juarenses que no utilizan sus vehículos para lujos, sino para atender sus necesidades de traslado, relacionadas principalmente con sus actividades laborales.
La diputada federal expresó su interés de revivir la propuesta de regularización que en la Cámara de Diputados se había votado favorablemente al cierre del año pasado, pero que fuera rechazada y regresada por los senadores.
Mejía destacó que en pláticas que ha sostenido con propietarios de vehículos que fueron internados ilegalmente al país le han externado que han sido objeto de extorsiones por parte de la policía estatal en estos operativos.
Añadió que la intención es que se lleve a cabo un programa que permita la regularización de unidades, pero que no quede en eso, que se modifique el Decreto automotriz, para que los interesados puedan llevar a cabo la importación de sus vehículos mediante el pago justo de los impuestos correspondientes.
Comentó que la internación legal de unidades no está frenada, pero resulta demasiado costosa para quienes tienen menores recursos.
“Es incongruente que un vehículo nuevo pague el 1 por ciento de impuesto de importación, mientras que el resto llega a cubrir hasta un 60 por ciento del valor del vehículo, lo que hace que sea más gravoso para la gente adquirir un vehículo con el pago de los impuestos correspondientes”, comentó.
Para este miércoles se tiene prevista una conferencia de prensa en la que se van a dar a conocer detalles de la problemática que se enfrenta en Ciudad Juárez y que han provocado que el número de vehículos importados legalmente haya disminuido, ante la imposibilidad de los propietarios de pagar los impuestos correspondientes.
Se tiene prevista la participación del presidente de la Unión Independiente de Vendedores de Autos Usados (UIVAC), Daniel Cereceres Rosales y de Francisco Aguirre, de la organización Juarenses Unidos.
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