Mariano Cordero, representante legal de los afectados por Aras Business Group, anunció su intención de impulsar un juicio contra la empresa tras la concesión de un fallo favorable. La decisión de impugnar surge debido a diversas irregularidades detectadas en el proceso, entre las que destaca la aparente omisión de la juez Laura Mendoza al no considerar la cantidad exacta de la deuda.
Cordero argumentó que esta situación es solo una muestra de las deficiencias en el proceso legal. A esto se suma que no ha sido tomado en cuenta el número de afectadas para la reparación del daño ya que en la carpeta que se judicializó solamente se cuenta a 4,500 personas, sin embargo, existen otros afectados dentro del mismo municipio de Chihuahua y al menos 600 más en Ciudad Juárez.
Según Cordero, la empresa no ha sido sancionada adecuadamente, ya que aquellos responsables continúan trabajando sin consecuencias. Esta falta de acción, señala, abre la puerta a futuros actos similares por parte de otras instituciones. La Fiscalía General del Estado también ha sido criticada por no abordar de manera efectiva el caso, lo que ha generado malestar entre los afectados y la sociedad en general.
El abogado señaló que existe preocupación ya que se percibe como un cierre prematuro del caso. "Están dando un carpetazo a un problema social que genera inconformidad total", dijo. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades judiciales ha generado malestar y descontento en la comunidad, que exige justicia y reparación integral del daño patrimonial.
En sus declaraciones, Cordero hizo hincapié en la necesidad de que la indemnización sea asumida tanto por el gobierno del estado de Chihuahua como por el Estado mexicano. Responsabilizó a las autoridades locales y federales por su inactividad y falta de fiscalización durante más de tres años, lo que permitió la perpetración de este fraude patrimonial.
Cordero sostuvo que el daño patrimonial es del 100 cien por ciento, y que es imperativo que se busque la reparación a través de las vías penales pertinentes.
En cuanto a la cantidad de afectados, Cordero reveló que, a pesar de que inicialmente eran alrededor de 600 clientes, muchos podrían quedar fuera del proceso de impugnación debido a tácticas engañosas empleadas por ciertos abogados. Estos profesionales, según Cordero, han estado captando a la gente asegurándoles que no les cobrarán por sus servicios, aunque en realidad buscarán compensación de otras formas.
La situación está generando incertidumbre entre los afectados, quienes buscan respuestas y soluciones concretas ante la complejidad del caso. La impugnación del fallo de ARAS parece ser solo el primer paso en la búsqueda de justicia para quienes han sufrido las consecuencias de esta presunta estafa.
Publicado originalmente por El Heraldo de Chihuahua
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