El presupuesto para el ejercicio fiscal del 2022 en el Tribunal Superior de Justicia tendrá un recorte de 190 millones de pesos, de acuerdo a lo aprobado en días pasados, por lo cual recibirá un monto de 3 mil 047 millones 203 mil pesos para solventar los gastos que se deparan para el año próximo.
La propuesta emitida por el Tribunal Superior rondaba los 3 mil 237 millones 998 mil pesos, para solventar los gastos, nómina, proveedores y todo el recurso financiero que requiere el órgano judicial para desarrollar las actividades que se generan al próximo año, sin embargo le autorizaron un poco menos de lo que requerían.
De acuerdo al historial del presupuesto que ha tenido el Poder Judicial del estado de Chihuahua, es la primera ocasión en la que se registra un recorte o disminución en comparativa del año pasado, ya que en años anteriores el presupuesto siempre mantenía entre un 15 a un 30% de incremento anual para el Presupuesto de Egresos.
El presupuesto inicial que se había propuesto para el año 2022, según el Departamento de Comunicación Social de este organismo, rondaba los 3 mil 237 millones de pesos para el año entrante, sin embargo, luego de los análisis, los magistrados determinaron necesarios 3 mil 047 millones de pesos para llevar a cabo las labores para el año entrante.
Los rubros que tiene contemplado ejercer el recurso para el año entrante se enfocarán en los tema de la implementación de nuevas tecnologías de la información, proyectos de la nueva administración de la magistrada presidenta Myriam Hernández Acosta, quien hace un par de semanas tomó el cargo.
Entre los proyectos que mantiene pendiente el Poder Judicial del Estado se encuentra la puesta en marcha de los tribunales laborales, que pasarán a manos del Tribunal Superior de Justicia, tras la reforma laboral que se llevó a cabo en el país, y que requiere de varios cientos de millones de pesos para su puesta en marcha.
En próximos días se darán a conocer los rubros y montos que se tienen diseñados para su inversión en el año 2022, así como la carga laboral que se contempla tanto de nómina como personal, proveedores, y demás erogaciones que tiene planeado el órgano judicial para el año entrante.
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