/ lunes 29 de marzo de 2021

Confirman sentencia contra excolaborador Cesar. D

Antonio Enrique T. G., fue sentenciado a 6 años de prisión por su intervención en hechos de corrupción

La Fiscalía General del Estado logró que un Tribunal Colegiado compuesto por tres Magistrados Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, confirmara por unanimidad la sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Antonio Enrique T. G., por su intervención en hechos de corrupción

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Resolviendo de esta manera un recurso de apelación interpuesto a la sentencia condenatoria que obtuvo la FGE en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua y la cual fue dictada el 19 de julio de 2019, por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos en contra de Antonio T. G., por su plena responsabilidad en el delito de Peculado Agravado.

Según el Tribunal de Apelación, con la prueba presentada por la representación social se demostró plenamente que, durante los meses de julio a septiembre de 2016, el sentenciado, en acuerdo previo con otros servidores públicos, desviaron la cantidad de dos millones 420 mil pesos del patrimonio del pueblo de Chihuahua.

Para lo cual, simularon una contratación pública de servicios profesionales consistente en un supuesto “Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad”, por conducto de la Dirección de Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno y la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.

Al momento de los hechos el sentenciado, se desempeñaba como presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, y por lo tanto le correspondía velar por el buen uso de los recursos públicos.

El Tribunal Colegiado consideró que, para la imposición de la condena en cuestión, existió prueba suficiente para establecer su responsabilidad más allá de toda duda razonable, y que durante el juicio se respetaron las garantías del debido proceso.

Respecto a la pena impuesta, los Magistrados concluyeron que sentencia impuesta, que fue de seis años de prisión corresponde con el grado de culpabilidad que el imputado representó, tomando en cuenta el daño causado a las finanzas públicas, que fue por un monto considerable y el peligro que, con ello, se generó para la prestación de servicios en agravio de la sociedad.

Asimismo, establecieron que fue correcto que se negaran al sentenciado los beneficios de sustitución de sanciones y la condena condicional.

Mediante la Operación Justicia Para Chihuahua se ha ejercitado acción penal en 117 ocasiones a personas involucradas en delitos por hechos de corrupción, para ello se han cumplimentado 85 órdenes de aprehensión, obtenido 74 vinculaciones a proceso y 16 sentencias condenatorias.

Asimismo, por la vía penal se ha recuperado e ingresado al erario un total de 54 millones 749 mil 773 pesos derivado del pago de la reparación del daño, y un millón 178 mil 665 pesos bajo el concepto de pago de multas.

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Según el Tribunal de Apelación, con la prueba presentada por la representación social se demostró plenamente que, durante los meses de julio a septiembre de 2016, el sentenciado, en acuerdo previo con otros servidores públicos, desviaron la cantidad de dos millones 420 mil pesos del patrimonio del pueblo de Chihuahua.

Para lo cual, simularon una contratación pública de servicios profesionales consistente en un supuesto “Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad”, por conducto de la Dirección de Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno y la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.

Al momento de los hechos el sentenciado, se desempeñaba como presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, y por lo tanto le correspondía velar por el buen uso de los recursos públicos.

El Tribunal Colegiado consideró que, para la imposición de la condena en cuestión, existió prueba suficiente para establecer su responsabilidad más allá de toda duda razonable, y que durante el juicio se respetaron las garantías del debido proceso.

Respecto a la pena impuesta, los Magistrados concluyeron que sentencia impuesta, que fue de seis años de prisión corresponde con el grado de culpabilidad que el imputado representó, tomando en cuenta el daño causado a las finanzas públicas, que fue por un monto considerable y el peligro que, con ello, se generó para la prestación de servicios en agravio de la sociedad.

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