“Las condiciones que brindamos en la ciudad no son óptimas para poder generar un espacio de integración o incluso de tránsito temporal en las personas en situación de movilidad”, aseveró Mayra Alejandra Corona de la organización Jesuitas Refugiados.
Mencionó que los albergues lamentablemente no cuentan con los recursos, ni tienen financiamiento gubernamental que permita generar las condiciones adecuadas, a pesar de que estos espacios para personas en situación de movilidad nacen de la buena voluntad de ayudar a la comunidad migrante.
Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), aseveró que muchos de las personas en situación de movilidad llegan a esta frontera sufrieron muchos delitos en su trayecto como robo, extorsión, les rompen documentos migratorios que los dejan en un estado de vulnerabilidad, incluso, casos de violencia sexual contra mujeres, contra personas LGBT, entre otros.
También hay restricciones a sus derechos en general a niñas y niños como ejemplo, por estas mismas condiciones de movilidad y vulnerabilidad no acceden a educación, hay restricción en algunas instituciones en el trayecto dentro del país.
Señaló que las personas migrantes han enfrentado situaciones de secuestro cada vez que la Fiscalía del Estado detecta alguna banda, “siempre la facultad del Instituto nacional de Migración de ser la autoridad que revise la documentación migratoria, es una facultad que luego se asume también el resto de las autoridades, sobre todo los que tienen que ver con temas de seguridad pública y no es así”.
Con el tema de secuestra se deriva la extorsión en el sentido de que son amenazados reportarlos a Migración que lo deporten sino dan cierta cantidad de dinero que es uno de los principales temores de la gente.
“Lamentablemente muchas de las personas acceden a dar estos cobros, estas corrupciones a las autoridades y lamentablemente también sabemos que el número de las personas que denuncian es muy bajo por la misma situación de vulnerabilidad”, recalcó.
El consejero de FICOSEC en la Zona Norte, Omar Reyes Peralta externó que las que se desplazan a parte de su problemática que las hizo moverse, llegan a un estado de vulnerabilidad a donde lleguen, son víctimas de mucho depredador social y víctimas por su misma vulnerabilidad por las autoridades que no responden a la ética de la misma.
