El martes por la noche, la Cámara de Representantes de Texas aprobó la SB 4, que convertiría en un delito menor cruzar ilegalmente la frontera de México a Texas, facultaría a los agentes del orden público de Texas para arrestar a inmigrantes indocumentados y exigiría que un juez estatal ordene a la persona salir de Estados Unidos para México en lugar de enjuiciamiento.
La policía de Texas, tendrá la facultad de detener a personas de acuerdo a su apariencia física y durante el proceso de expulsión se tendrá que comprobar la estancia legal en Estados Unidos, de no ser así, sería mandado a México.
El cargo podría convertirse en un delito grave si el migrante es acusado de otros delitos o se niega a cumplir con la orden de un juez de regresar a México. El proyecto de ley también permite a los inmigrantes presentar pruebas de que se encuentran legalmente en el país durante el proceso. La pena máxima por un delito menor es un año de cárcel; por delito grave la pena es de dos a 20 años de prisión.
Ya es ilegal según la ley federal cruzar la frontera entre Estados Unidos y México entre los puertos de entrada. Los inmigrantes que violen la ley pueden ser acusados penalmente y sometidos a procedimientos de deportación. Una persona que ingresa al país, sin importar si lo hizo de manera legal o ilegal, tiene hasta un año para solicitar asilo.
REPRUEBA MÉXICO DICHA MEDIDA ANTIINMIGRANTE
El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó las medidas antimigrantes aprobadas por el Congreso de Texas.
Dichas medidas pretender detener el flujo de personas migrantes y según es Gobierno Federal es mediante su criminalización.
Señalan que esto resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
"El Gobierno de México reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio", citó la SRE.
Agregaron que el Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.
"México reconoce la importancia de una política uniforme y consistente en materia migratoria", citó la dependencia federal.
Pese a esto, manifestaron que respaldan el trabajo conjunto con el Gobierno Federal de Estados Unidos para buscar que la migración suceda de manera ordenada, segura, regular y con respeto a los derechos humanos.
La SRE se dijo preocupada ante el paquete de medidas legislativas que, según ellos, afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.
Ya que esto habrá de propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes.
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