Ciudad Juárez. - Rosendo Ramón Orona González, propietario de las 36 hectáreas afectadas por la construcción de la carretera de Samalayuca al puente internacional Guadalupe-Tornillo, presentó una demanda en la Procuraduría Agraria en contra de toda la mesa directiva de la Comisaría Ejidal de El Ojo de la Casa por el delito de fraude, al pretender lucrar con un bien que ya no es de su patrimonio.
El señor Orona González, y otros ejidatarios, acudieron ante el titular de la Procuraduría Agraria para interponer la denuncia en contra del Comisariado Ejidal, Gerardo Anaya Chávez, y demás miembros de su comité directivo, luego de que estos hicieron un arreglo con el Delegado de la SCT, Carlos Ramírez, y con el enviado de la constructora que lleva a efecto la obra, José Alfredo Jiménez, para que se les pague a razón de 12 dólares por metro cuadrado los 36 mil metros afectados por la obra que el gobierno federal lleva a efecto desde hace meses, cuando el bien ya no es de su propiedad, luego de que en el año 2000 lo vendieron a un empresario de nombre Álvaro Delgado Pacheco.
Ramón Orona, explicó que la compra venta entre Delgado Pacheco y los ejidatarios, se formalizó a través del otorgamiento de un poder, amplio e irrevocable, expedido por los dirigentes de ese entonces del ejido Ojo de la Casa, y que entre ellos se encontraba Gerardo Anaya, en su calidad de Comisariado Ejidal, el mismo que hoy encabeza la exigencia hacia la constructora COCONAL para que les paguen 16 hectáreas por donde se construye el puente a Guadalupe-Tornillo.
Añadió que en el 2018, él y otros cinco personas le adquirieron a Delgado Pacheco 92 hectáreas comunales, tal y como lo demuestran los documentos que tiene en su poder, por lo que no entiende como es que Anaya Chávez, y otros más reclaman algo que ya no les pertenece, pero lo que es peor es que al parecer las autoridades están de acuerdo con ellos, tal y como quedó demostrado en la asamblea llevada a efecto el domingo anterior, en donde, a pesar de que no hubo quorum legal, se le dieron validez a los acuerdos ahí tomados, entre ellos, el pagar a razón de 12 dólares el metro cuadrado la extensión afectada por la construcción de la carretera de Samalayuca a Tornillo.
" Lo que pretende Gerardo Anaya está considerado como enriquecimiento ilegitimo por la vía civil, al pretender engañar a alguien y obtener un lucro indebido, es decir, lo que pretende hacer es fraude porque el bien por el que pretenden cobrar ya no es de su patrimonio", mencionó.
