El pasado domingo las y los ciudadanos avalados para ello desplegamos nuestra decisión electoral, ejercicio que arrojó resultados contundentes a favor de María Eugenia Campos Galván y de Cruz Pérez Cuéllar. En estricto apego al comportamiento cívico el electorado cumplió, una vez más se confirma la madurez política de las y los juarenses, desde acá gratitud a las y los miles de ciudadanos que aportaron ya como funcionarios de casilla o como votantes.
Las elecciones son importantes para la academia ya que se consideran la forma legal por antonomasia para dirimir y disputar lo político en las modernas sociedades de masas, independiente a las simpatías partidistas personales y a ciertos resultados deseados o no, la organización institucional de los comicios conlleva la responsabilidad de generar certeza y garantiza la dimisión de conflictos por las vías legales. Por lo anterior me parece pertinente revisar grosso modo algunas de las condicionantes (algunas, existen varios paquetes de ellas) que la politología propone para catalogar a los procesos electorales como transparentes, contrastarlas con la realidad sirve para razonar avances y pendientes en la garantía de la voluntad ciudadana emitida en las urnas.
1. Padrón electoral confiable. Hay avances consolidados en depurar el padrón, evitando así la penosa ocurrencia de “permitir que los muertos voten”, sin embargo, aún es necesario no considerar a personas que no viven ya en determinado municipio. En el caso de Juárez es fundamental para acercarnos al fenómeno del abstencionismo.
2. Credencialización. Sin problema, es sistema de identificación de electores cumple con los altos criterios de calidad.
3. Autoridades electorales imparciales. Como nunca las autoridades electorales han sido objeto de señalamientos por supuesta parcialidad, sin embargo, el resultado de la votación y la participación ciudadana reafirmaron la creencia de contar con autoridades imparciales.
4. La vigilancia del proceso. Los propios partidos políticos se han encargado de conformar verdaderos ejércitos de representantes de sus intereses, aunado al papel de los medios masivos de comunicación, a la acción ciudadana y a las facultades de las propias autoridades electorales, se afirma que en lo posible existe la vigilancia electoral.
5. Información oportuna sobre el resultado de la elección. Los avances en la materia han impedido otro lamentable “apagón del sistema”, en el caso local, los programas de conteo rápido permitieron conocer tendencias irreversibles el mismo domingo.
6. Órgano calificador imparcial. Se cuentan con instituciones legales propias para la validación y/o procuración de justicia en la materia, cierto es que algunas decisiones han sido polémicas, pero los procesos son claros.
7. Tipificación y penalización de los delitos electorales. A pesar de los avances, en el ideario colectivo persiste la sensación de los mecanismos fiscalizadores no garantizan el respeto a los límites de gasto. El proceso electoral que aún no termina generó una realidad más entre los propios candidatos: en algunos casos las prerrogativas nunca llegaron, es decir, el dinero no “baja para todos”.
Discutir sobre temas electorales siempre es complejo, hacerlo sobre condicionantes de transparencia lo puede ser más ya que exige incorporar elementos que muchas veces salen de la lógica racional, lo importante es analizar para proponer, la sociedad politizada es preferible que la pasividad social.
Al momento de redactar estas líneas se informa sobre la decisión de contar uno a uno los votos de 1,769 casillas, bien por ello ya que constituye un elemento más de certeza y protección a la voluntad electoral de las y los votantes.
Sirva este espacio para reconocer el trabajo del Instituto Estatal Electoral y su consejera presidenta Claudia Arlett Espino, a pesar de vivencias difíciles y de decisiones legales controvertidas, ha cumplido con su deber.
