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Elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal, 25 en total, que fueron cesados por una manifestación realizada en noviembre del 2018, exigen al Municipio y a la Coordinación de Seguridad Vial que acaten los amparos y la orden de un juez, para que cinco de sus compañeras sean reinstalados y a los demás se les paguen sus salarios caídos.
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Refieren que, desde el 27 de noviembre del 2019, tras haberse cumplido un año de que fueran "castigados" por la protesta, dejaron de recibir el 30% de su sueldo conforme a lo acordado mientras ellos seguían un proceso por las acusaciones hechas por su entonces jefe Sergio Almaraz, como desobediencia y abandono de labores.
Sin embargo, ganaron un amparo judicial en el que se ordenaba les reanudaran el pago, mismo que ha sido ignorado por Contraloría del Municipio, cumpliendo ya más de dos meses sin recibir un solo quinto.
"El licenciado metió un amparo porque no han querido pagarnos a 20 de nosotros, salieron cinco absueltos, que fueron cinco mujeres y nos quedamos 20, pero el 27 de noviembre nos quitaron el pago y aunque ganamos el amparo no han querido darnos nuestros sueldos ni el aguinaldo", dijo de manera anónima uno de los afectados.
De hecho, el aguinaldo es equivalente a 7 mil 500 pesos, dado a que solo les entregaron una parte y la otra ya no, por lo que piden que hagan caso de las leyes y no les quiten parte del sustento de sus familias, ya que en su mayoría han tenido que buscar otros trabajos para solventar sus gastos.
En cuanto a las cinco compañeras que fueron absueltas de todo cargo en las audiencias, ellas no fueron reinstalados, a pesar de que se giró esa instrucción, pero Almaraz ordenó que no fueran reintegradas a las filas.
La última audiencia que sostuvieron en la Ciudad Judicial fue hace tres meses, pero para su mala fortuna, los abogados les han dejado en claro que el juicio durará por lo menos otro año y medio, hasta que termine la administración de Armando Cabada.
Para ellos, su sueño sería ser reinstalados en su trabajo, porque aseguran que no hicieron nada malo, sólo protestar y no estar de acuerdo con la manera de trabajar de Sergio Almaraz, lo que les costó ser detenidos por la Policía Municipal y llevados a Fiscalía de Distrito.
"Nosotros hemos ganado tres amparos, va todo bien, de hecho, nosotros ganamos un amparo en Honor y Justicia, pero el Municipio no ha acatado el darnos el pago, ni contraloría, si seguimos así lo que vamos a hacer es buscar las instancias federales", agregó el agente.
Para ellos lo único que pretende el Municipio es dejar la "bronca" a la siguiente administración, pero aseguran que seguirán luchando hasta que se haga justicia y sean reinstalados en su trabajo, para volver a portar su uniforme.
Textualmente, en dicho amparo, se señala, con fundamento en los artículos 128 y 146 de la Ley de Amparo, que "se concede la suspensión definitiva para el efecto de que, sin reincorporar a los quejosos, se les continúen pagando los emolumentos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, para lo cual se deberá tomar a consideración que el pago provisional deberá de ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario".
En aquella ocasión, fueron 40 agentes los suspendidos por la entonces Dirección General de Tránsito Municipal, 25 de ellos detenidos ese día y el resto un día después, al haber participado y apoyado a los que Almaraz consideró como "problemáticos".
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