/ jueves 11 de junio de 2020

Día de la libertad de expresión

El pasado 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión en nuestro país, justo cuando experimentamos hechos en el que expresarse causa controversia: por un lado desde el poder se ha criticado el papel de medios masivos de comunicación que han sido adversos a las actuales administraciones públicas. La aceptación o rechazo desde el gobierno de la postura editorial de determinados medios no es nueva, así como tampoco es novedad que los medios critiquen posturas oficiales sobre cómo, qué y cuándo informar.

Por otro lado se encuentra la libertad individual de opinar sobre temas cotidianos que en su momento se consideraron “tabú” o sobre decisiones públicas polémicas. Dependiendo la intensidad esas opiniones pudiesen considerarse ofensivas, discriminatorias, pertenecientes al discurso de odio, la complicación aumenta si la o el que opina es personaje público o con responsabilidades de primer orden, un ingrediente más a considerar es la herramienta que se utiliza para emitir el mensaje, sobretodo si tomamos en cuenta la viralidad que se genera a través de las redes sociales. Analizar la libertad de expresión es interesante por su propia complejidad.

Vamos por partes: Debatir en torno a la toma de decisiones de los asuntos públicos es una de las razones fundamentales del respeto irrestricto a la libertad de expresión, fundamentar una opinión personal y hacerla pública fortalece a la democracia, discernir sobre las diversas expresiones no solamente es permitido, es deseable. Desafortunadamente para algunas y algunos gobernantes las opiniones contrarias a sus decisiones son consideradas ataques personales, la respuesta desde el poder a la supuesta oposición al régimen suele coartar o limitar garantías sobre la libre expresión.

Las decisiones desde los gobiernos para mitigar efectos negativos por la contingencia sanitaria es un motivo más para que desde el periodismo o la comunicación se expresen voces a favor y en contra y también es un caso para analizar la respuesta desde el poder. Como toda decisión gubernamental, las tomadas por los diversos gobiernos en esta emergencia sanitaria son propicias para estimular el debate, la crítica, para señalar posibles errores o para reconocer aciertos.

A la contingencia sanitaria se añade un hecho muy importante que abonará a la defensa o rechazo de la libertad de expresión: el inminente inicio del proceso electoral 2021. No sobra señalar que la o el ciudadano electoral serán el objetivo de estrategias para reforzar o menguar su derecho a estar bien informado, habrá que estar pendientes por los intentos manipuladores de información relacionada al tránsito del Coronavirus y de los que indudablemente se intentarán provechos electorales.

Otra vertiente de la libertad de expresión es la particular. De acuerdo a nuestro capital social, las personas nos formamos criterios propios respecto diversos temas: democracia, sexo, religión, trabajo e incluso podemos poner en duda el significado de la legalidad o de la vida misma. El debate es álgido sobre la delgada línea entre nuestro derecho a expresarnos y la obligación de respetar la integridad moral de quienes no son, no piensan o no actúan como nosotros queremos. Si la opinión es “políticamente correcta” aunque sea contraria a tendencias globales o posiciones alternativas puede ser bien recibida, pero si se cae en insultos, descalificaciones o “libertinaje” expresivo esa opinión será duramente atacada por ser discriminatoria y catalogada como parte del discurso de odio.

Los críticos del discurso de odio justifican sus juicios a partir de las consecuencias adversas que grupos minoritarios han sufrido: discriminación, acoso, infamia, desprestigio que en muchas ocasiones orillan al aparente “diferente” a vivir sus discrepancias en silencio, o en el peor de los casos a ser objeto de hechos en su contra. Las instituciones reaccionan reconociendo la importancia de la tolerancia y el respeto a la diversidad, recurriendo al acato de la normatividad garante de los derechos humanos. A pesar de esos esfuerzos persiste la falta de claridad sobre lo que es, lo que no es y como prevenir asertivamente comentarios considerados de odio. Un ideal por perseguir es garantizar las libertades ganadas respetando la diversidad e incentivando la tolerancia, nada sencillo.

Algunas preguntas siguen sin respuesta: Cómo regular el uso de redes sociales? Cómo limitar el derecho de un gobernante de llamar “conservadores” o “corruptos” a sus adversarios sin presentar pruebas? Cómo garantizar que la libertad de expresión no se va utilizar para sacar ventaja en contiendas electorales? Cómo proteger o cómo no sobreproteger a distintos grupos sociales?

Admiración y reconocimiento merecen aquellas y aquellos que a pesar de las adversidades defienden, ejercen a cabalidad la libertad de expresión y cuestionan al poder, por igual, es de admirarse a quienes se expresan considerando la solidaridad, las diferencias con el otro y anteponen el respeto aún no estando de acuerdo.

El pasado 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión en nuestro país, justo cuando experimentamos hechos en el que expresarse causa controversia: por un lado desde el poder se ha criticado el papel de medios masivos de comunicación que han sido adversos a las actuales administraciones públicas. La aceptación o rechazo desde el gobierno de la postura editorial de determinados medios no es nueva, así como tampoco es novedad que los medios critiquen posturas oficiales sobre cómo, qué y cuándo informar.

Por otro lado se encuentra la libertad individual de opinar sobre temas cotidianos que en su momento se consideraron “tabú” o sobre decisiones públicas polémicas. Dependiendo la intensidad esas opiniones pudiesen considerarse ofensivas, discriminatorias, pertenecientes al discurso de odio, la complicación aumenta si la o el que opina es personaje público o con responsabilidades de primer orden, un ingrediente más a considerar es la herramienta que se utiliza para emitir el mensaje, sobretodo si tomamos en cuenta la viralidad que se genera a través de las redes sociales. Analizar la libertad de expresión es interesante por su propia complejidad.

Vamos por partes: Debatir en torno a la toma de decisiones de los asuntos públicos es una de las razones fundamentales del respeto irrestricto a la libertad de expresión, fundamentar una opinión personal y hacerla pública fortalece a la democracia, discernir sobre las diversas expresiones no solamente es permitido, es deseable. Desafortunadamente para algunas y algunos gobernantes las opiniones contrarias a sus decisiones son consideradas ataques personales, la respuesta desde el poder a la supuesta oposición al régimen suele coartar o limitar garantías sobre la libre expresión.

Las decisiones desde los gobiernos para mitigar efectos negativos por la contingencia sanitaria es un motivo más para que desde el periodismo o la comunicación se expresen voces a favor y en contra y también es un caso para analizar la respuesta desde el poder. Como toda decisión gubernamental, las tomadas por los diversos gobiernos en esta emergencia sanitaria son propicias para estimular el debate, la crítica, para señalar posibles errores o para reconocer aciertos.

A la contingencia sanitaria se añade un hecho muy importante que abonará a la defensa o rechazo de la libertad de expresión: el inminente inicio del proceso electoral 2021. No sobra señalar que la o el ciudadano electoral serán el objetivo de estrategias para reforzar o menguar su derecho a estar bien informado, habrá que estar pendientes por los intentos manipuladores de información relacionada al tránsito del Coronavirus y de los que indudablemente se intentarán provechos electorales.

Otra vertiente de la libertad de expresión es la particular. De acuerdo a nuestro capital social, las personas nos formamos criterios propios respecto diversos temas: democracia, sexo, religión, trabajo e incluso podemos poner en duda el significado de la legalidad o de la vida misma. El debate es álgido sobre la delgada línea entre nuestro derecho a expresarnos y la obligación de respetar la integridad moral de quienes no son, no piensan o no actúan como nosotros queremos. Si la opinión es “políticamente correcta” aunque sea contraria a tendencias globales o posiciones alternativas puede ser bien recibida, pero si se cae en insultos, descalificaciones o “libertinaje” expresivo esa opinión será duramente atacada por ser discriminatoria y catalogada como parte del discurso de odio.

Los críticos del discurso de odio justifican sus juicios a partir de las consecuencias adversas que grupos minoritarios han sufrido: discriminación, acoso, infamia, desprestigio que en muchas ocasiones orillan al aparente “diferente” a vivir sus discrepancias en silencio, o en el peor de los casos a ser objeto de hechos en su contra. Las instituciones reaccionan reconociendo la importancia de la tolerancia y el respeto a la diversidad, recurriendo al acato de la normatividad garante de los derechos humanos. A pesar de esos esfuerzos persiste la falta de claridad sobre lo que es, lo que no es y como prevenir asertivamente comentarios considerados de odio. Un ideal por perseguir es garantizar las libertades ganadas respetando la diversidad e incentivando la tolerancia, nada sencillo.

Algunas preguntas siguen sin respuesta: Cómo regular el uso de redes sociales? Cómo limitar el derecho de un gobernante de llamar “conservadores” o “corruptos” a sus adversarios sin presentar pruebas? Cómo garantizar que la libertad de expresión no se va utilizar para sacar ventaja en contiendas electorales? Cómo proteger o cómo no sobreproteger a distintos grupos sociales?

Admiración y reconocimiento merecen aquellas y aquellos que a pesar de las adversidades defienden, ejercen a cabalidad la libertad de expresión y cuestionan al poder, por igual, es de admirarse a quienes se expresan considerando la solidaridad, las diferencias con el otro y anteponen el respeto aún no estando de acuerdo.