En nuestro país referirse a la corrupción es subrayar una deficiencia endémica, histórica y estructural del sistema político mexicano. Basta con revisar algunos índices como el Corruption Perception Index de Transparency International que sitúa a México como de los países más corruptos entre los que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en lo nacional, información generada por el INEGI muestra que la corrupción es señalada parte de los problemas que más preocupa a los mexicanos, solo superado por la inseguridad y la delincuencia, el fenómeno se reproduce entre las entidades federativas y en los municipios, por ejemplo el informe anual “Así estamos Juárez” que publica la asociación civil Plan Estratégico concluye –con base en la percepción de los encuestados– que los principales problemas que afectan a las y los juarenses rondan en la inseguridad/violencia, corrupción y pobreza.
No es de extrañarse que en los últimos años gobiernos de diversos países y niveles hayan enfocado gran parte de sus esfuerzos en combatir la corrupción, ya que los actos corruptos impactan negativamente la calidad de vida de la población y hunde la confianza de la ciudadanía en los gobernantes. Dinero de todas y todos que debería invertirse en becas para estudiantes, más y mejores hospitales, alumbrado, infraestructura educativa, parques, carreteras, calles, estímulos a docentes, prevención del delito, equipo para policías, etc. termina en los bolsillos de vivales levantando la indignación popular. Por si no fuera poco, la cotidianidad gubernamental se enmarca en el sistema internacional interconectado en el que el poder estatal se vuelve poroso debido a la cantidad y relevancia de las transacciones económicas entre entes públicos nacionales y consorcios transnacionales de manera que bajo estas condiciones, la corrupción no podría ser ajena a los negocios influenciados por motivos ilícitos que por lo general implican manejo de grandes sumas de dinero o recursos públicos estratégicos en los que participan empresarios y servidores públicos para desviarlos en beneficio de intereses propios.
En el ámbito político - electoral “acabar con la corrupción del período neoliberal”, “los gobernantes son corruptos, sácalos del gobierno” o “meter a la cárcel al vulgar ladrón” se convierten en propuestas de campaña, clichés que generan adeptos y votos, sin embargo, las propuestas de campaña no siempre se cumplen, ya por que realmente no había intención de cumplirlas o por que a pesar de movilizar todos los recursos disponibles no se puede cumplir lo propuesto. Luego entonces, la ciudadanía está ávida de ver cristalizada la eterna propuesta de sancionar a los “peces gordos” y de que regresen lo que se robaron. Seguramente el político o la política que cumpla la palabra empeñada de luchar efectivamente contra la corrupción sumará grandes adeptos entre el mercado electoral y sumara confianza en la legitimación de la democracia y el sistema de partidos. Bien que se necesita.
La detención del ex gobernador del Estado de Chihuahua César H. Duarte Jáquez y la extradición del exdirector general de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin cumplen parcialmente las exigencias sociales y las propuestas de campaña por erradicar la corrupción, ambos políticos han sido agriamente señalados como rufianes que supuestamente cometieron actos ilegales beneficiándose del erario o recursos públicos. El caso del exgobernador chihuahuense se suma a otros casos de exmandatarios estatales militantes de diversos partidos que enfrentan procesos legales o se encuentran prófugos de la justicia, mientras que el exdirector de pemex se suma a la lista de burócratas de por lo menos 11 países que formaron parte de las redes de negocios público/privado de la transnacional brasileña Odebrecht hoy detenidos. Bien por los servidores públicos que se comprometieron por luchar contra la corrupción y por los que mostraron voluntad política para cumplir sus responsabilidades.
La detención y extradición son pasos importantes para la procuración de justicia, faltan otros igual o más trascendentes como impedir el usufructo político – electoral de estos hechos. Para ello se requiere del Poder Judicial realmente autónomo que lleve a cabo los debidos procesos e investigaciones rigurosas sin contaminarlos de intereses partidistas, sin selección a modo de implicados, sin señalamientos que se queden en lo mediático, que se lleve frente al juez a todo burócrata, empresario o representante popular involucrado, que se condene al probado corrupto y se garantice la restitución del daño. Si lo anterior se logra, seguramente presenciaremos dos juicios fundamentales en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La corrupción se dirime en los tribunales, no en los medios masivos de comunicación.
