Se le acaba el dinero a la 4T
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador atraviesa por una severa crisis financiera; a pesar de las medidas de austeridad anunciadas para enfrentar los retos económicos derivados de la pandemia de coronavirus, que solamente sirvieron para dar un blindaje a sus programas sociales y a las obras faraónicas que promueve; la administración pública no salió ilesa de la caída en el precio del petróleo y una pobre recaudación fiscal, eso derivó en la necesidad de obtener dinero de donde sea posible.
La solución que encontró el gobierno federal a sus problemas de financiamiento, representa un serio problema a la salud de las finanzas de los estados y municipios, pues será a esas entidades a las que se les aplique un recorte en sus participaciones.
La política de distribución de dinero por parte del gobierno federal ha sido injusta pues gusta de cargar la mano a los gobiernos estatales a la hora de ejecutar recortes; en materia de asignación de dinero, la 4T aplica la política de que “el que parte y reparte se queda con la mayor parte”.
La Secretaría de Hacienda anunció un recorte del 12 por ciento a las participaciones que reciben los estados y municipios, eso representa una reducción que ronda en los 89 mil millones de pesos y como medida para resarcir esa pérdida es que los gobiernos de los estados y los municipios es recomendarles contraten deuda pública.
Mientras el gobierno federal se muestra reacio a contratar deuda pública para atender la pandemia y poder montar un plan estratégico de rescate económico, dejando la impresión de que solamente le interesa su sobrevivencia y no la de otros actores económicos más importantes y determinantes en la generación de riqueza.
Mientras que la 4T está determinada a agotar todo el dinero disponible al que pueda meterle mano, incluidos los fideicomisos y los fondos para emergencia que fueron creciendo gracias al ahorro generado en otros gobiernos, lo que menos le importa es la salud financiera de los estados y los ayuntamientos.
El anuncio más reciente indica que las participaciones tendrán un “bajón” del 11.7 por ciento, el monto total presupuestado para el 2020 era de 759 mil 383 millones de pesos y ahora quedó en 670 mil 383 millones.
Esa reducción tiene una importante repercusión en programas estatales, atención a la salud, programas educativos, seguridad pública y proyectos de infraestructura; y si bien las finanzas estatales serán afectadas, el impacto será más severo en los ayuntamientos pues sus fuentes de ingresos también están colapsadas, son más limitadas y por tanto más vulnerables que las otras instancias de gobierno.
En todo lo anterior hay también una constante que muestra la avaricia del gobierno federal: mientras recorta dinero a estados y municipios no deja de inyectar recursos a la paraestatal Pemex; tampoco suspende ninguna de sus tres grandes obras y sigue con las licitaciones de ese elefante blanco llamado “Tren Maya”, se aferra a construir la refinería de “Dos Bocas” y no detiene la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
La propuesta de reformar la Ley de Disciplina Financiera –donde se obliga a los entes gubernamentales a pagar las deudas contraídas en el periodo de gobierno que se contrajeron—es una sentencia de muerte a futuro para ayuntamientos y estados; eso significa regresar a los tiempos donde el endeudamiento se endosaba al futuro y no existían controles para evitar esa herencia nefasta que todavía tiene efectos negativos en los estados y municipios.
Más allá de eso, contratar deuda puede oírse bonito y hasta parecer una solución viable; pero en términos reales no lo es, simplemente es menester cuestionar ¿quién tendrá la osadía de prestar dinero a quien no le puede pagar?
Si ya algunas entidades se cuestionaban sobre la conveniencia de formar parte del pacto federal, en estas circunstancias donde los recortes les siguen afectando y bajan sus participaciones, es seguro que ese tema puede volver a tomar impulso.
Ya el año pasado algunos alcaldes se manifestaron frente a las puertas de Palacio Nacional, siendo dispersados con gases lacrimógenos, protestaban por la falta de apoyos a los municipios; ya hay un grupo de gobernadores que han decidido actuar en contra del acuerdo que suspende el uso de energías limpias; en estas circunstancias no es descabellado pensar en una acción concertada de protesta porque el recorte los incluye a todos.
Ya veremos quien le pone el cascabel al gato.
