/ lunes 2 de noviembre de 2020

Los recortes presupuestales no son a los gobiernos locales, son a las personas

Siempre que se acerca el final del año, el escenario de discusión pública se convierte en un espacio de discusiones en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ciclo. En este 2020, no es diferente, pero ahora, nos encontramos ante un panorama bastante complejo que sólo agrava estos debates.

La pandemia, no sólo nos ha traído una crisis económica de magnitudes extraordinarias, sino que ha multiplicado notablemente las necesidades de la población. Ahora, los Estados y Municipios deben afrontar esta situación con un nivel mayor de responsabilidad, pero con una gran carencia de recursos.

El partido en el poder ha expresado sin reparos, su posición frente a la desaparición de fondos y fideicomisos una y otra vez. Nos han repetido que se trata de una estrategia para combatir la corrupción; nos dicen que ahora el dinero será entregado directamente a los ciudadanos, sin intermediarios que pudiesen hacer mal uso de estos recursos. Pero, ¿Representan estas medidas realmente una solución?

Los fondos y fideicomisos tienen una función muy específica: entregar recurso a instituciones, así como a Estados y municipios, para que sean aplicados estrictamente con un objetivo específico. De esta manera se podía evitar precisamente, que hubieran actos de corrupción en la repartición de recursos, con asignaciones discrecionales, así como premios y castigos políticos.

Por ejemplo, está el caso del programa de Fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg), un fondo que ha significado un gran apoyo para el desarrollo de la corporación de policía de Chihuahua capital y de muchos otros municipios, y que ahora desaparece en el PPEF 2021. Este recurso venía etiquetado y su aplicación no podía ser otra que el impulso a la estrategia de seguridad en lo local.

Si bien en Chihuahua la mayor parte de lo invertido en seguridad proviene de recurso propio, la pérdida de este fondo significa un gran golpe, no sólo para nosotros sino para municipios como ciudad Juárez; sobre todo en un año que ya de por sí será complejo, con un aumento de necesidades y una disminución en los recursos.

Los días siguientes veremos cómo se acentúan las discusiones políticas, se dirá que toda oposición a la desaparición de fondos y fideicomisos o al PPEF en general, no es más que politiquería y oposición al gobierno federal, pero lo cierto es que más allá de los colores, elecciones e ideologías, los principales afectados por estas decisiones son los ciudadanos.

Pensemos una mujer, madre de familia, trabajadora de alguna empresa maquiladora de Ciudad Juárez; a ella le importa muy poco qué responsabilidad tiene el municipio, el Estado o la federación en materia de seguridad. A ella no le interesa saber de dónde viene el recurso que se aplica en este rubro; a ella sólo le interesa saber que cuando ella regresa de su jornada laboral, puede llegar a casa a salvo, para reencontrarse con sus hijos, que están seguros en su casa porque afuera hay vigilancia, hay alumbrado público y hay verdadero estado de derecho.

Aún cuando exista –como en Chihuahua capital– la voluntad y la responsabilidad de hacer esto realidad, es muy difícil sostener la inversión si nos dejan solos en un momento tan crítico como éste. Por ello, resulta fundamental que durante las discusiones del PPEF 2021, se tenga siempre muy presente que los recortes no son a los gobiernos locales, son a las personas.

Siempre que se acerca el final del año, el escenario de discusión pública se convierte en un espacio de discusiones en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ciclo. En este 2020, no es diferente, pero ahora, nos encontramos ante un panorama bastante complejo que sólo agrava estos debates.

La pandemia, no sólo nos ha traído una crisis económica de magnitudes extraordinarias, sino que ha multiplicado notablemente las necesidades de la población. Ahora, los Estados y Municipios deben afrontar esta situación con un nivel mayor de responsabilidad, pero con una gran carencia de recursos.

El partido en el poder ha expresado sin reparos, su posición frente a la desaparición de fondos y fideicomisos una y otra vez. Nos han repetido que se trata de una estrategia para combatir la corrupción; nos dicen que ahora el dinero será entregado directamente a los ciudadanos, sin intermediarios que pudiesen hacer mal uso de estos recursos. Pero, ¿Representan estas medidas realmente una solución?

Los fondos y fideicomisos tienen una función muy específica: entregar recurso a instituciones, así como a Estados y municipios, para que sean aplicados estrictamente con un objetivo específico. De esta manera se podía evitar precisamente, que hubieran actos de corrupción en la repartición de recursos, con asignaciones discrecionales, así como premios y castigos políticos.

Por ejemplo, está el caso del programa de Fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg), un fondo que ha significado un gran apoyo para el desarrollo de la corporación de policía de Chihuahua capital y de muchos otros municipios, y que ahora desaparece en el PPEF 2021. Este recurso venía etiquetado y su aplicación no podía ser otra que el impulso a la estrategia de seguridad en lo local.

Si bien en Chihuahua la mayor parte de lo invertido en seguridad proviene de recurso propio, la pérdida de este fondo significa un gran golpe, no sólo para nosotros sino para municipios como ciudad Juárez; sobre todo en un año que ya de por sí será complejo, con un aumento de necesidades y una disminución en los recursos.

Los días siguientes veremos cómo se acentúan las discusiones políticas, se dirá que toda oposición a la desaparición de fondos y fideicomisos o al PPEF en general, no es más que politiquería y oposición al gobierno federal, pero lo cierto es que más allá de los colores, elecciones e ideologías, los principales afectados por estas decisiones son los ciudadanos.

Pensemos una mujer, madre de familia, trabajadora de alguna empresa maquiladora de Ciudad Juárez; a ella le importa muy poco qué responsabilidad tiene el municipio, el Estado o la federación en materia de seguridad. A ella no le interesa saber de dónde viene el recurso que se aplica en este rubro; a ella sólo le interesa saber que cuando ella regresa de su jornada laboral, puede llegar a casa a salvo, para reencontrarse con sus hijos, que están seguros en su casa porque afuera hay vigilancia, hay alumbrado público y hay verdadero estado de derecho.

Aún cuando exista –como en Chihuahua capital– la voluntad y la responsabilidad de hacer esto realidad, es muy difícil sostener la inversión si nos dejan solos en un momento tan crítico como éste. Por ello, resulta fundamental que durante las discusiones del PPEF 2021, se tenga siempre muy presente que los recortes no son a los gobiernos locales, son a las personas.