Hace 61 años el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica de México. Un hecho histórico que además de afianzar los ideales de la Revolución, permitió llevar la energía a todo el país. “Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán de nuevo entregar nuestros recursos a los extranjeros.”, dijo en aquella ocasión. Y así fue, durante décadas los gobiernos no se dedicaron a otra cosa que al entreguismo de los bienes de la nación.
El pasado viernes llegó a la Cámara de Diputados la Reforma Eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual, además de plantear el fin a las concesiones eléctricas, determina que tampoco se otorgarán más concesiones para la explotación del litio en territorio mexicano y que sólo se respetarán aquellas ya otorgadas que se ciñan a la ley.
El litio es un metal que se utiliza en la producción de todo tipo de baterías –de computadoras, celulares, tabletas, cámaras, autos, etc.-, así como en cualquier vehículo de propulsión eléctrica. Además, es un mineral imprescindible en el paso hacia la energía solar y eólica; por lo tanto, en este panorama de crisis climática, se corona como el mineral alternativo clave para la creación de una energía más amigable con el medio ambiente.
En México ha cobrado mayor protagonismo en los últimos años ya que se han descubierto grandes yacimientos de litio desde 2006 y, aunque ninguno ha sido explotado aún, se estima que México podría despuntar en el mercado internacional de este metal.
Por lo que corresponde al estado grande, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) tiene registro de 6 bancos de litio en nuestro territorio de los cuales 3 son “potencialmente explotables”, específicamente en los municipios de Asención, Cuauhtémoc y Coyame. Por si fuera poco, uno de los yacimientos más grandes del mundo, se encuentra en los límites de Chihuahua y Sonora.
Nacionalizar el litio, para un estado tan lacerado como nuestro Chihuahua, representa grandes oportunidades por la derrama económica industrial que pudiera derivar. El litio en manos de la nación se traduce en bienestar para el pueblo; implica tener solvencia para invertir en infraestructura, hospitales, escuelas y otras necesidades básicas de los ciudadanos. Por lo tanto, invertir los beneficios económicos en desarrollo para la entidad, más que importante, es estratégico.
Sin embargo, la ley que ahora propone nacionalizar este mineral es uno de los temas más controvertidos debido a que a la oposición no le gusta la idea. Cómo podría gustarle, si eso impide que empresas privadas, aliadas suyas, continúen amasando fortunas como lo han hecho a través de las concesiones eléctricas, petroleras o de gas. Es decir, no podrían seguir saqueando nuestro territorio para beneficio de solamente unos cuantos.
Para el sector privado el litio representa tanta rentabilidad que Bolivia, el país que tiene las reservas más grandes en el mundo, enfrentó un golpe de Estado que mucho tuvo que ver con el dominio que buscaban las hegemonías sobre el litio de este país.
Por ello es tan necesario mantenerlo en la mira. La nacionalización del litio nos daría la posibilidad de garantizar el bienestar de las mayorías; sería la respuesta a muchos de los desafíos económicos, energéticos y medioambientales que enfrentan tanto Chihuahua como el resto del país.
Es cierto que la explotación del litio requiere una extracción responsable de este denominado “oro blanco” pero, sin duda alguna, tenemos en nuestras manos la posibilidad de estar un paso adelante en la soberanía energética que es la única vía para asegurar energía para todas y todos sin aumentos exorbitantes en los costos.
