La política es la disciplina del bien común. Desde los primeros pensadores de la historia y hasta nuestros días siempre se ha mantenido viva la interrogante: ¿Cuál es el mejor sistema de organización política? Sin duda, todas nuestras leyes son siempre perfectibles y, por ello, es una necesidad legítima mantenernos en un continuo proceso de reforma.
En su obra El contrato social, Rousseau dice que el propósito de la ciencia política es “investigar si en el orden civil puede haber alguna regla de administración legítima y segura, considerando al ser humano tal como es y a las leyes tal como pueden ser”.
Lo anterior estipula las condiciones sin las cuales no es posible pensar en una nueva reforma. Primero, está por supuesto un conocimiento claro y profundo de la realidad de la que partimos. No se pueden construir castillos en el aire, no es posible solucionar problemas sin conocer el modo en el que nos afectan. Sólo de esa forma es posible pensar cómo una ley puede ser mejor de lo que es para el bien de todos.
Partiendo de un piso firme, podemos luego pensar en cómo hacer que nuestras leyes funcionen mejor para el bien de los ciudadanos. Nuestro sistema de representación tiene como sustento la confianza en que los legisladores pugnan porque las leyes defiendan los intereses y necesidades más inmediatos de la ciudadanía.
La tarea legislativa debe ser, además, un proceso de mucha prudencia. Esto quiere decir: reconocer la respuesta adecuada, en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado. A veces, una misma solución no es conveniente con respecto a las circunstancias en las que se pretenden aplicar, tanto de lugar, tiempo o forma. Saber reconocer la mejor de las posibilidades depende de una firme actitud de escucha, así como de una permanente atención a las prioridades y problemas de aquellos a quienes se representa.
Pero al mismo tiempo, todo proceso de reforma siempre debe ser llevado a cabo con una conciencia clara de la finalidad para la que existen las leyes y, concretamente, la finalidad de la ley que pretende ser reformada. Si hablamos de una reforma de naturaleza electoral, el centro de la discusión debe estar puesto en todo momento en la democracia que aspiramos edificar.
La democracia no debe nunca quedar instrumentalizada para la consecución de intereses particulares. La historia de la humanidad nos ha enseñado cómo ha sido utilizado el concepto democrático para legitimar el poder absoluto. Una reforma política exige de los legisladores un gran esfuerzo de minucioso estudio, para evitar a toda costa la persecución de fines egoístas y el olvido de las prioridades ciudadanas.
Ahora que se habla en los medios de comunicación acerca de una posible reforma política electoral, estas ideas tan fundamentales deben resonar en nuestros legisladores. Bienvenido el cambio de nuestro sistema político; siempre y cuando tengamos la claridad de que el trabajo de reforma debe ser conducido por una aspiración al perfeccionamiento de nuestro sistema político; la democracia debiera ser el fin de la reforma y no un medio para lograr otros objetivos.
Nadie puede negar la importancia de rediseñar y readaptar las leyes para mejorar el sistema democrático, pero nuestros representantes en el Congreso tendrán la tarea de revisar las propuestas con mucha prudencia y responsabilidad, especialmente en un momento en el que nos encontramos enfrentando una crisis humana y económica sin precedentes, y en el que los esfuerzos de todos los representantes ciudadanos debieran concentrarse en máxima prioridad de superar los retos que esta pandemia nos ha traído.
