Los cuatro factores más importantes para el crecimiento de un país son los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros y los recursos tecnológicos; y de estos cuatro factores, lo más importante, sin duda y por mucho, son los recursos humanos, que mejoran o empeoran de acuerdo con diversas condiciones del entorno como la alimentación y educación, el ahorro y la inversión.
En anteriores textos he expuesto la importancia de la alimentación como parte del correcto desarrollo intelectual de los niños y he citado investigaciones o datos en lo que se comprueba que la desnutrición tiene un impacto negativo promedio en el coeficiente intelectual durante la infancia y según la gravedad o el nivel de desnutrición, en algunos casos las deficiencias en el aprendizaje son irreversibles.
Pero ahora, el foco de atención, el objetivo de este texto, está en la reforma educativa realizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y modificada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Cuál de las dos reformas es mejor? ¿Qué es lo que más beneficia a los estudiantes? Es imposible responder porque los efectos de las reformas toman tiempo en saberse y la falta de proyectos nacionales, que se convierten en proyectos personales, es lo que no permite conocer a mediano y largo plazo qué es lo que funciona y qué es lo que no.
Lo que sí es evidente es que hay detalles que no están bien, o que por lo menos conviene discutir, pues terminarán impactando la educación de las próximas generaciones. Existen algunos puntos que son fundamentales dentro de las leyes secundarias de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador.
Primeramente, se plantea la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, por lo cual podría quedar en manos de particulares las licitaciones para la construcción de instituciones educativas, esto podría generar aún mayor corrupción y en algunos casos, sería imposible saber bajo qué criterios se realiza la construcción de las escuelas.
Continuando con el tema que abarca la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, se argumenta que los recursos serían entregados directamente a los comités de profesores y padres de familia de las escuelas, situación que además de la corrupción que podría generar, es completamente absurda pues a menos que todos los padres sean arquitectos o ingenieros civiles, lo más probable es que ninguno sepa de qué manera construir una escuela.
También se contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para crear el Sistema Nacional de Mejora Continua, que es prácticamente lo mismo pero con otro nombre, lo cual hace pensar que quizá no se está haciendo nada nuevo ni innovador, sino simplemente hacer como que hacen algo, no se sabe.
Pero lo más preocupante es que pretenden dar preferencia a los egresados de las escuelas normales y así garantizarles una plaza en el Servicio Público Educativo; y si bien es por todos sabido que con un buen contacto una persona puede obtener una plaza, ponerlo dentro de la ley es “la cereza del pastel”, pues a ningún profesionista de ninguna área se le garantiza un puesto de trabajo al terminar sus estudios, por lo que no hay motivo para garantizárselo a los profesores y menos por ley. Que compitan.
