Eliminar las obras públicas mejora la calidad de vida de la gente, porque las obras públicas principalmente desvían recursos privados hacia entidades de gobierno y lo que es público es de todos y lo que es de todos no es de nadie… por eso, de los recursos privados que son desviados al sector gubernamental nadie se encarga de ofrecer cuentas precisas ni de entregar resultados concretos. Realizar una obra pública es quitarle al ciudadano una parte de su salario que es fruto de su trabajo para gastarla en proyectos en los que ningún ciudadano gastaría de manera voluntaria por ser obras innecesarias.
El desvío de recursos de las obras públicas, en este caso no hace referencia al robo del dinero o a la corrupción al momento de realizar un proyecto, hace referencia a que para obtener los recursos económicos para realizar una obra pública forzosamente se les debe desviar las ganancias a los trabajadores que ellos mismos destinarían al consumo de productos y servicios que mejorarían su calidad de vida, por ejemplo comprando alimentos, vestido, calzado, electrónica o muebles, así como el pago de servicios tales como un curso de idiomas, un diplomado en algún área, en servicios de entretenimiento o cualquier otro bien de la preferencia de la gente.
Pero es que no solo se les desvían las ganancias a los trabajadores para un proyecto en específico, sino que una primera intervención del gobierno genera otra segunda intervención incluso peor, pues una vez que se realiza una obra pública, digamos un puente, posteriormente se crea un organismo que se encarga de planear, coordinar y evaluar la construcción del puente y entonces se instaura la “Secretaría del Puente”, que genera costos operativos con cargo a la gente que trabaja y que, en muchos casos, nunca en su vida van a pasar por el puente que se construyó con su dinero porque no tuvieron, no tienen y no tendrán carro.
Ni siquiera la creación de mayores empleos en las obras públicas justifica su realización, pues la necesidad de trabajadores y su contratación suele ser mucho más productiva en los sectores privados, en donde su labor tiene como objetivo satisfacer las necesidades reales de los consumidores quienes se ven obligados a pagar más por adquirir un bien en la medida en que aumenta la demanda de un producto o servicio requerido, lo que termina impactando en el aumento de la productividad que a su vez tiene consecuencias positivas en los salarios reales de los trabajadores y en el mejoramiento de su calidad de vida. Sin embargo, las obras públicas no ofrecen incentivos a los trabajadores porque ni siquiera tienen demanda, es decir que no son necesarias más que en la mente de los políticos.
Es mentira que las obras públicas son realizadas con el objetivo de ofrecerles a los ciudadanos aquello que los empresarios no están dispuestos a ofrecer. Los empresarios y, en general, la fuerza creativa de las personas, todos en conjunto están dispuestos a ofrecer cualquier tipo de producto o servicio siempre y cuando haya una demanda que justifique su realización y de la cual se puedan obtener ganancias, sin la intervención del sector gubernamental. Los privados pueden ofrecer calles, puentes, hospitales, escuelas, agua, luz, gas, todo en la medida en que haya una demanda y además los privados lo pueden hacer con mayor calidad y a menor precio, pues el aumento de la oferta de productos y servicios por encima de la demanda o de las necesidades de la gente, haría que los precios bajaran mientras que la calidad de los bienes aumenta para conquistar a los consumidores.
Es ridículo ver a diversos organismos independientes y cámaras empresariales siendo partícipes del juego político y justificando situaciones inaceptables, con relación a la realización de obras públicas. Lo que hay que hacer es eliminar esas obras por completo y dejar de dialogar, para impedir directamente más perjuicios a los ciudadanos. Los organismos independientes y las cámaras empresariales no tienen nada que dialogar con el sector público, porque incluso el café que el político le invita al empresario lo termina pagando el ciudadano de a pie.
