Justicia a modo
Uno de los vicios que más lástima el Estado de Derecho es el “cuatismo”, que el diccionario del español de México define como “la tendencia a favorecer a los amigos.” Durante sus muchos años de práctica, los mexicanos nos hemos convencido de que las acciones tienen una consecuencia distinta para aquellos que son amigos de los poderosos, que para quienes son simples mortales. Se atribuye a Benito Juárez la frase de “al amigo gracia y ley, al enemigo la ley”, y a su amparo miles de funcionarios han abusado de la gracias para favorecer a sus amigos y dejar que quienes no lo son se rasquen con sus propias uñas.
La presente administración federal nos ha dado muestra de un cuatismo exacerbado. Desde su inicio, el presidente López dejó en claro que, a su juicio, es más importante la confianza que le tiene a determinada persona, que las aptitudes que ésta pueda tener para desempeñar un puesto determinado. Así puede designar a un agrónomo al frente de la mayor empresa energética del gobierno; o a una licenciada en literatura para conducir las políticas económicas del país, en los momentos que la pandemia hace evidentes sus lacerantes efectos sobre ésta.
Y con el mismo criterio cuatista maneja el presupuesto. Diversas investigaciones han demostrado que más del setenta por ciento de las adquisiciones que realiza la actual administración se hacen mediante asignación directa, es decir, de manera discrecional, sin un proceso competitivo que permita comparar y seleccionar a los mejores proveedores y productos. Otras más han demostrado que buena parte de esos contratos han sido entregados a empresas que personas allegadas a la administración federal han creado recientemente.
Arturo Herrera afirma que “Un ex trabajador del IMMS, encargado de la oficina de adquisiciones, creó una empresa en 2019, la cual recibió 491 contratos del propio IMSS y del ISSSTE entre 2020 y 2021, de los cuales 460 fueron por adjudicación directa. La suma total de los contratos es de $199,352,147.83 pesos”; nada mal para una empresa de reciente creación que además, según afirma el economista, ni siquiera tiene instalaciones físicas, ya que tiene su domicilio fiscal en un terreno valdío en Tabasco.
Una muestra más del evidente cuatismo con que se conduce el actual régimen es la resolución de la sección instructora de la cámara de diputados, que por un lado ha declarado procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, y por el otro, negó proceder contra el senador morenista Pérez Cuellar. Esta acción desvela, además, otros dos graves vicios: el sometimiento del órgano legislativo al presidente, y el uso de la justicia como herramienta de “premio – castigo”.
Es evidente que el gobernador de Tamaulipas sacó boleto cuando le reclamó al presidente López su displicencia para acometer las labores de seguridad en ese estado. A partir de ahí se giró la instrucción de quitarlo del medio. No se reparó en las formas para lograrlo: de último minuto cambiaron a la la diputada Ana Ruth García Grande, quien no había estado de acuerdo en el desafuero, por la también petista Mary Carmen Bernal Martínez, con cuyo voto se aprobó.
El caso del senador es relevante. A finales de noviembre del año pasado la fiscalía de Chihuahua solicitó su desafuero para llevarlo a juicio en el caso de la nómina secreta. A los pocos días, éste se registró como aspirante a la candidatura del partido Morena para gobernar el estado. El senador tiene una carrera y proyección política muy superior a la del entonces diputado federal y hoy candidato, Juan Carlos Loera. Creo que era, por así decirlo, la elección natural de ese partido, si es que en verdad querían competir en la elección contra la alcaldesa capitalina Maru Campos.
Vale la pena dar un poco de contexto. Los partidos tienen que avisar en el INE qué método utilizarán para seleccionar a sus abanderados, esto para evitar discrecionalidades, y Morena informó que levantaría una encuesta para designar al que resultara más popular. He de reconocer que, al menos en las encuestas que tuve a mi alcance en ese tiempo, el senador captaba más intención de voto a nivel estatal, sin embargo, no fue ungido, ni tampoco se dio a conocer nunca el resultado de la encuesta que supuestamente levantó Morena para tal efecto. Es decir, hubo dedazo.
Conocedor de la política y su ejercicio, el senador recurrió al tribunal, donde sin duda tenía un caso y podría haber obtenido la candidatura a gobernador. Pero de las altas esferas del poder le dijeron que no podía tener dos juicios abiertos al mismo tiempo y esperar ganar en los dos, así qué, aunque pudiera ganar la candidatura en el tribunal, con toda seguridad la perdería si el congreso de mayoría morenista lo desaforaba.
Ahora ya la historia está concluida, el inconforme se desistió de su recurso y se conformó con una candidatura menor, y el poderoso lo ha exonerado, precisamente el día en que debe iniciar su campaña a la presidencia municipal.
Su condena será lidiar con la frustración de no haber alcanzado lo que quería, ya veremos como le sienta en una próxima ocasión en que nos encontremos hablando de…
